La UDEF pide documentación al Ayuntamiento sobre el sistema Gespol

C.S. – F.A. / Logroño

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional requirió ayer documentación al Ayuntamiento de Logroño relacionada con el sistema de gestión interna de la Policía Local Gespol.

El portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sáinz, compareció en rueda de prensa para informar de este caso, a raíz de la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales, que «habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local», según Anticorrupción.

Sáinz ha insistido que en el Ayuntamiento no se ha producido «ningún registro» y que los agentes de la UDEF, que han estado en las unidades de Intervención y Contratación, sólo han requerido documentación relacionada con las empresas que se encuentran bajo investigación judicial que, en el caso de Logroño, es la empresa Bilbomática S.A., adjudicataria del contrato Gespol, con el que se gestionaban a través de una aplicación informática los cuadrantes de los policías o las estadísticas de accidentes.

Este contrato, ha explicado, se adjudicó a esta empresa en diciembre de 2014 por 45.000 euros mediante procedimiento negociado. Tras casi cuatro años, el pasado mes de mayo, la Junta de Gobierno acordó su resolución porque la aplicación que se había instalado -una versión más desarrollada que en otras ciudades- había generado «retrasos» y «problemas de implantación».

No obstante, Sáinz, que ha indicado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario, no ha sabido precisar si hay más contratos municipales que puedan ser objeto de investigación. «Las relaciones societarias que puede haber entre empresas son complejas», ha aseverado.

En todo caso, el portavoz del equipo de Gobierno ha insistido en varias ocasiones durante su comparecencia en que la gestión de las multas de tráfico, que ha sido objeto de investigación en otros ayuntamientos del país, no ha sido externalizada puesto que corresponde a la Policía Local de Logroño.

Por su parte, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa previa a la intervención de Sáinz, ha pedido «tranquilidad y prudencia», ha resaltado la «absoluta transparencia» del Consistorio, que colaborará con la Policía para facilitar la información requerida.

La oposición

Aun con la presencia de agentes de la UDEF en dependencias municipales, el equipo de Gobierno, con su alcaldesa a la cabeza, reunió a los portavoces de los grupos para informarles del contrato sobre el sistema Gespol, una adjudicación que, en general, no suscita dudas entre la oposición que, aunque pide explicaciones, apela a la prudencia.

La portavoz socialista, Beatriz Arraiz, coincide con la alcaldesa en pedir prudencia sobre un contrato «que estuvo en tela de juicio desde el principio», aunque no pone en duda la limpieza de la adjudicación. Sus recelos provienen del «oscurantismo» con el que entiende se ha desarrollado el proceso de su implantación. «Sabíamos que había problemas, pero nunca nadie dio la razón», señaló Arraiz, que exige explicaciones al equipo de Gobierno sobre un asunto sobre el que avanzó que el grupo socialista seguirá «pendiente».

El portavoz de Cambiaz, Gonzalo Peña, fue el más crítico y manifestó que «Gespol parecía una herramienta que venía a mejorar la gestión interna de la policía y para combatir la delincuencia, pero resulta que forma parte de la delincuencia». «Algo huele a podrido«, exclamó Peña, quien no entiende que el concejal de Policía hiciera «alabanzas» en diciembre de un sistema que se resolvió en mayo. «¿Qué es lo que pasó para lo que iba tan bien luego fuera tan mal?», se preguntó el portavoz de Cambia.

La concejal de Cs María Luisa Alonso, quien manifestó su máximo respeto a las decisiones judiciales, sí que pide «explicaciones exactas» sobre lo sucedido con el sistema Gespol. Recordó que fue su grupo quien solicitó la comparencia de responsables de varias unidades municipales en la Comisión de Transparencia cuando conoció el expediente de resolución del contrato, que no duda de que fuera necesaria. «El software no estaba funcionando como debía hacerlo, se contrató un programa moderno solo para volcar datos, pero nada más empezar este proceso se comenzó también a tener problemas y errores al implantarlo», informó Alonso, quien también argumentó que el «troceo» de la empresa tampoco ayudó a su implementación.

El concejal del PR, Rubén Antoñanzas, lamenta el daño que la investigación supone para la imagen de Logroño y de la institución. «Confiamos en una rápida resolución en el sentido que sea por parte de la Justicia, que permita esclarecer si hubiera existido algún tipo de irregularidad en la contratación o el cobro de comisiones», manifestó el edil regionalista, que solicitó a la alcaldesa la máxima colaboración.