Políticas Sociales tramita 278 solicitudes para la nueva Renta de Ciudadanía

Efe / Logroño

La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja tramita 278 solicitudes para percibir la nueva Renta de Ciudadanía, que ya cuenta con 1.500 beneficiarios tras la conversión de las prestaciones IMI y AIS en esta ayuda que pretende la inserción social y laboral de las personas más vulnerables.

Los consejeros de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, y Educación, Formación y Empleo, Alberto Galiana, ha ofrecido este viernes una rueda informativa para informar sobre el decreto que regula la Renta de Ciudadanía, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno.

Este reglamento desarrolla la Ley de Renta de Ciudadanía de La Rioja que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento regional el pasado 28 de abril y entró en vigor el 5 de septiembre. Desde esa fecha, se han presentado 278 peticiones, cuya resolución se tramitará en el plazo de unos dos meses para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos en el decreto.

La ayuda asciende a 430 euros (que puede complementarse en función del número de miembros de la unidad familiar) y se podría compatibilizar con un empleo a tiempo parcial.

Control «exhaustivo»

Escobar ha precisado que esta ayuda, de carácter indefinido mientras no se logre la inserción laboral de su beneficiario, «no supone un ejercicio de buenismo irresponsable», ya que la administración «va a echar una mano» a las personas con más necesidades, pero también les va a exigir «responsabilidades».

Así, ha dicho que se va a realizar un «control exhaustivo» de que los perceptores de esta renta no disponen de medios económicos y se les va a exigir que completen un itinerario individualizado de inserción laboral.

A su juicio, «el verdadero éxito de esta medida no es la concesión de las ayudas, es lograr reducir el nivel de desempleo en la comunidad».

Para Galiana, la Renta de Ciudadanía «no es una pensión a cambio de nada, supone una ayuda transitoria» y los beneficiarios deberán aceptar los empleos que les propongan, siempre acorde a su formación.

Los perceptores de la Renta lograrán una reorientación profesional, que podría incluir mejorar su capacitación mediante la Formación Profesional (FP) o cursos para adultos, ha precisado.

Ha considerado que, psicológicamente, para ellos también es bueno que realicen algo de su parte a cambio de la ayuda, porque «la pasividad contribuye a la cronificación».

Circunstancias que se valorarán

Entre las circunstancias personales y sociales de los beneficiarios se tendrá en cuenta: residencia efectiva, edad, filiación, parentesco, relación estable o análoga a la conyugal y composición de la unidad familiar o de convivencia.

Además, deberán acreditar condiciones que suponen un trato favorable, como emigrante riojano retornado, refugiado o beneficiaria de protección internacional, situaciones de tutela o guarda por parte del Gobierno de La Rioja, desahucio, víctima de violencia machista o intrafamiliar y embarazada en riesgo social.

El perfil del perceptor de la Renta de Ciudadanía es un inmigrante de cualquiera de las 107 nacionalidades que conviven en La Rioja (hasta un 40 por ciento de los beneficiarios), personas que han agotado las prestaciones por desempleo o autónomos que atraviesan «un bache» personal tras la crisis, ha indicado.

Para acreditar la carencia de medios económicos, tanto de los rendimientos como del patrimonio, los solicitantes deberán dar su consentimiento a la administración para acceder de modo telemático a las bases de datos públicas, ha precisado Escobar.

Verificación periódica

Esta verificación se realizará de forma periódica, para comprobar que los perceptores siguen cumpliendo con la situación inicial de falta de recursos económicos, ha recalcado.

El objetivo final es evitar situaciones de «picaresca», ha subrayado, de modo que el incumplimiento de estos requisitos supondría la suspensión o extinción de la Renta de Ciudadanía.

Ha detallado que entre los años 2010 y 2015 se detectó la concesión de un total de 1.953 prestaciones sociales indebidamente cobradas, por un valor total de 1,74 millones de euros, que se ha reclamado por parte de la administración.