La Rioja defiende su ley anti fracking tras la decisión del Gobierno central de recurrirla por inconstitucional

| 21 marzo 2014

NR/Logroño

El Gobierno riojano considera que la Ley que prohíbe el uso del fracking en La Rioja se ajusta plenamente al ordenamiento constitucional español, por lo que ha expresado su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo de España de recurrirla ante el Tribunal Constitucional (TC).

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley La Rioja en la que se prohíbe la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de gas convencional, conocida como fracking, en esa comunidad.

El Gobierno de La Rioja, en una nota, ha reiterado su oposición al uso de esta técnica en esta región por los riesgos para el medio ambiente y la actividad agraria, por lo que ha señalado su intención de defender esta ley riojana porque entiende que “se ajusta plenamente al ordenamiento constitucional español”.

Ha trasladado un mensaje de “tranquilidad” a los riojanos y ha reiterado que, en el momento en el que se presente una solicitud que contemple el uso del fracking, se manifestará en contra de su aplicación y exigirá los correspondientes estudios de impacto ambiental.

En cuanto a la norma recurrida, el Ejecutivo riojano ha destacado que la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene competencias suficientes para aprobar esta ley, tanto en materia de ordenación del territorio y urbanismo como en materia de medidas adicionales de protección del medio ambiente.

Ha precisado que la doctrina del TC, respecto a la protección del medio ambiente, es “clara” y señala que el Estado tiene la competencia para establecer un rango mínimo común de protección ambiental aplicable en todo el territorio nacional y las comunidades autónomas pueden ampliar esta protección, aunque nunca reducirla.

En este contexto, la prohibición en La Rioja de la utilización de la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional es una medida reforzada del medio ambiente del territorio riojano, ha dicho.

En cuanto a las competencias en ordenación del territorio, ha afirmado que permiten a La Rioja decidir sobre los usos del suelo, compatibilizando los usos mineros con los agrícolas y ganaderos, entre otros.

El Gobierno de La Rioja ha asegurado que la prohibición del fracking no es una medida arbitraria, puesto que está fundamentada en la aplicación de un principio de actuación pública recogido por la propia Unión Europea (UE), en referencia al principio de cautela en materia de medio ambiente.

“Este principio está consolidado en la UE desde 1992 y forma parte de los Tratados Constitutivos de la Unión, es decir, de su arquitectura de principios básicos”, ha indicado.

La formulación del principio de cautela, ha insistito, significa que “el poder público competente puede restringir la utilización de una actividad económica concreta si existe un elenco de riesgos potencialmente peligrosos para el medio ambiente o la salud de las personas”.

Por ello, el Gobierno de La Rioja, tras analizar detenidamente la existencia de tales riesgos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y para las actividades agrícolas y ganaderas, identificó esos riesgos en contaminación de acuíferos por metano, lo que está contrastado en varios estudios y “papers” de alcance internacional y rigor científico.

“La identificación de estos riesgos legitiman la intervención sobre esta técnica minera, y su prohibición”, ha defendido el Ejecutivo regional.

Ha argumentado que la promulgación de la Ley 7/2013 que prohíbe el fracking no constituye una prohibición general, sino específica y, en los términos de la doctrina más consolidada del TC sobre la materia, “está claro que las comunidades autónomas pueden intervenir sobre prohibiciones de carácter específico”.

En este sentido, ha recordado que no hay vigente una prohibición general, ya que están permitidas todas las técnicas tradicionales de extracción de gas, salvo una: la fractura hidráulica.

Categoría: La Rioja

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