«La ley por sí sola no puede acabar con la violencia de género»

Gustavo Basurto / Logroño
Menores y mayores. Son los dos puntos de atención prioritaria para la consejera de Servicios Sociales. Los primeros porque son el futuro; los segundos, por la deuda que tiene la sociedad con quienes lo han dado todo por ella. Ana Santos Preciado (Haro, 1955) dirige una consejería con un sinfín de competencias y un objetivo especialmente sensible: las personas. No es ni una recién llegada a la política ni una neófita en el ámbito de los servicios sociales. Aunque defiende que toda financiación sería poca para este departamento del Gobierno regional, tiene los pies en la tierra y deja claro que ni el problema de las listas de espera en centros de mayores ni la ampliación de la cobertura de la Renta de Ciudadanía podrán resolverse de inmediato. Lo que sí piensa es hacer las cosas «de otra manera» y priorizar. Todo para intentar llevar a la práctica su máxima: convertir los sueños en derechos.

Usted decía hace unos días en el Parlamento que se ha encontrado un gran barco a la deriva. ¿Cuál será el primer golpe de timón para enderezar el rumbo?
Lo primero es diagnosticar. No se puede planificar sin conocer; no se puede improvisar. Y para poder evaluar la gestión pública hay que saber cuál es el rumbo. Se están haciendo las mismas cosas que hace muchos años y la sociedad ha cambiado. Estamos en una sociedad envejecida, en la que aumentan las necesidades de las personas, sobre todo las de las mayores, y no sirve lo mismo. Nuestro objetivo es hacer unos servicios sociales de presente y de futuro. Y convencer a la población de que los servicios sociales no son algo residual, que no son únicamente para personas que tienen problemas económicos o de inadaptación, sino que vamos encaminados a una sociedad en la que seguramente todos los necesitaremos en un momento determinado.

¿Qué carencias principales tienen los servicios sociales riojanos?
Me preocupan muchísimo los menores, porque representan el futuro. Una sociedad se distingue de otra por cómo trata a las personas más vulnerables y que tienen menos voz, que son los menores y los mayores. En este momento nos hemos encontrado con 502 menores en situación de riesgo y 179 en situación de desamparo, de los cuales 94 están en una residencia de la Comunidad y 83 en acogimiento familiar. En los últimos cinco años se ha incrementado el número de menores declarados en situación de riesgo en un 98,26 por ciento. Estas cifras deben escandalizar a cualquiera. La lectura es que algo no estamos haciendo bien, no solo desde la Consejería, sino también a un nivel social más amplio.

¿Cómo corregirá esa situación?
Debemos trabajar muchísimo en la prevención, tanto en menores, como en mayores. En La Rioja hay un 28 por ciento de menores de 16 años en situación de pobreza. La pobreza se hereda y un menor que ha nacido y se cría en un entorno pobre es muy difícil que tenga igualdad de oportunidades, con lo cual se marca su futuro.

¿En cuanto a los mayores, cuál es el diagnóstico?
La Ley de Dependencia ha sido la norma que ha supuesto un mayor logro social, al pasar del asistencialismo a un sistema de derechos, a que las personas mayores tengan derecho a ser atendidas y a que la sociedad les contemple. Pero nos encontramos con una lista de espera inmensa. En este momento hay 1.042 personas esperando una plaza pública en residencias y 829 personas esperando un centro de día. Veo que ha habido una falta de planificación, porque si analizamos los tiempos de espera resulta que en La Rioja Alta hay dos años de espera para una residencia y en La Rioja Baja cuatro meses. ¿Vamos a solucionar el problema de las listas de espera en esta legislatura? Claramente no, porque supone una inversión económica que no podemos llevar a cabo. Vamos a dar pasos, sobre todo dirigidos a aquellas localidades que tienen menos respuesta, es decir a hacer un reparto equilibrado del esfuerzo económico y de la inversión social.

¿La solución es construir más residencias y centros de día?
Hay también otras soluciones. La prevención también hay que hacerla entre los mayores. Hay que procurar que tengan la mayor autonomía posible durante el mayor tiempo posible. Queremos fomentar los programas de autonomía personal y enriquecimiento cognitivo y que lleguen a los pueblos, que quizás tienen pocos espacios de convivencia, que se reducen muchas veces a echar una partida o dar una vuelta por el pueblo. Y que se pueda complementar con actividades que enriquezcan su autonomía, porque sacar a estas personas de su entorno supone dejarlas desubicadas. Este es un reto que va unido al tema de la despoblación. La inversión en este sentido no es solo un gasto, porque si generamos servicios, estamos generando también empleo y tendremos un retorno. Tenemos que hacer un análisis a fondo que vaya unido al plan de despoblación. No son objetivos a corto plazo, sino de un recorrido al que debemos encaminarnos. Lo que no quiere decir que vayamos a estar parados. Tenemos que reorganizar los servicios sociales para que den respuesta al pilar del estado del bienestar social, con servicios universales y públicos.

Hay municipios que reclaman con ahínco residencias o centros de día.
Todos los municipios de La Rioja piden un centro de día. Si analizamos los programas electorales municipales siempre aparece un centro de día; y eso no es factible, como no lo es tampoco que el Gobierno construya centros de día en función de que los ayuntamientos les cedan terrenos, porque habrá algunos más ricos que puedan hacerlo y otros que no, y no va en relación con las necesidades, y yo creo que esto ha ocurrido y ha dado lugar a desequilibrios.

¿Pero se ha visto ya alguna necesidad especial en algún municipio concreto?
Me he comprometido a analizar el caso de los Cameros, donde hay una población que va en declive. Pero en los Cameros posiblemente la solución no pasa por un centro de día, sino por una residencia, porque para que a las personas de pueblos pequeños les sirva la respuesta de un centro de día, tienen que estar apoyadas por familia que viva en el entorno y le cuide el resto del tiempo, y sin embargo hay muchas personas mayores que viven solas. Y ese es otro de los retos a abordar, el de la soledad de las personas mayores.

¿Y cómo piensa abordar ese reto?
Tenemos que crear redes de solidaridad. En los pueblos pasa menos, pero vivimos aislados en nuestras casas y no conocemos al de al lado. Vemos noticias tremendas de personas que mueren solas y nadie se entera. Hay que potenciar la solidaridad dentro de las redes cercanas de convivencia, para que esas personas no se sientan solas, no solo con un ejército de voluntarios que vayan a tomar café con ellos, que también está muy bien, sino con el entorno cercano que somos todos. Los mayores han dado mucho por la sociedad, han mantenido a las familias durante la crisis, a los nietos, las hipotecas, han abierto sus casas…La sociedad tiene que devolverles ese esfuerzo. Y además tienen poca voz, quizás porque las asociaciones de mayores y de dependientes tienen menos actividad y la Administración tenga la obligación de darles respuesta aunque no levanten la voz.

¿El Plan Estratégico marcará las grandes líneas o establecerá medidas concretas de actuación?
En La Rioja tenemos una Ley de Servicios Sociales del año 2009, que marcaba como obligación que debe existir un plan estratégico, que está sin hacer. Se trata de que todos los servicios sociales estén entrelazados. Plantear los objetivos generales y que todos los planes sectoriales estén engarzados. Va a costar hacerlo, para que dentro de cuatro años, si no estamos quede ahí, y si estamos, continuemos trabajando.

¿Qué objetivos tiene el Observatorio de la Realidad Social?
Va unido al plan estratégico. Tenemos que ver lo que está pasando. Según lo que observemos, con la participación de asociaciones de personas con discapacidad, dependencia, jóvenes, entidades sociales, haremos un diagnóstico de lo que hay y lo que necesitamos.

Ha anunciado también la puesta en marcha del expediente social. ¿En qué consiste?
Va unido a la transparencia. El objetivo es que el ciudadano tenga acceso a toda la información. No es algo que se vaya a hacer para mañana, pero nos hemos planteado que las listas de espera sean transparentes y que un ciudadano pueda acceder a su expediente y ver lo que ha solicitado, dónde está, cuántas personas están delante, si ha accedido a una renta de ciudadanía, saber si se la han admitido o no, cuánto tiempo le queda de trámite…Igual que en Salud se accede al expediente, pero cada ciudadano. Yo no soy muy partidaria de la tarjeta social, porque la idea es que cada ciudadano pueda acceder a su información, no que todos accedan a su información.

¿La revisión de la cobertura de la Renta de Ciudadanía supondrá ampliar el número de beneficiarios o incrementar su cuantía?
Voy a ser muy clara; en este momento los presupuestos no me van a permitir aumentar la cobertura como yo quisiera. ¿Vamos a aumentar en este momento la cuantía de la Renta?, sinceramente, este año no. Pero se puedan hacer otras cosas. La Renta de Ciudadanía se traduce siempre en la percepción de una cuantía económica y yo creo que eso debe ser algo temporal, el objetivo es que una persona mantenga a su familia con dignidad pero que se inserte laboralmente. Y esa vía no está explorada prácticamente. Ahora, la Ley establece un programa de inserción social o laboral. La mayoría, lo que necesita es trabajo, no un programa de integración social, porque son personas integradas socialmente. Hay que avanzar en la coordinación entre servicios sociales y servicios de empleo dirigidos a ese programa. Y debemos fomentar también la responsabilidad social corporativa; hay una partida en esta Consejería de 40.000 euros para que contraten beneficiarios de la Renta de Ciudadanía y no se ha gastado ni un euro. Yo espero que bajan bajando los beneficiarios de la Renta de Ciudadanía, pero no porque cueste menos dinero, sino porque han encontrado empleo.

¿A corto plazo se introducirá algún cambio en la Ley?
De forma inmediata tenemos previsto mejorar condiciones de la Renta de Ciudadanía que beneficien a los perceptores. Por ejemplo, si ahora a una persona se le suspende la renta porque le falta documentación o porque se ha insertado en el empleo y luego regresa…Ahora esa persona comienza a cobrar cuando está la resolución firme, y queremos que esa resolución sea desde el principio, porque una persona que está en la Renta de Ciudadanía no puede esperar un año para cobrar.

Otro de sus anuncios es una Ley de Accesibilidad Universal. ¿Qué se pretende cambiar con esa norma?
Tenía que estar desarrollada y no se ha hecho. Hay personas con discapacidad, algunas de las cuales tienen dificultades de acceso a todos los beneficios de los que participamos todos los demás. A veces traducimos la discapacidad a un problema cognitivo, pero las barreras de acceso son muchas, no solo físicas, sino del lenguaje, de otros tipos. Si no rompemos esas barreras, no permitimos que esas personas con discapacidad accedan a las oportunidades en igualdad de condiciones y de forma normalizada.

También tiene previsto promover una ley de violencia de género. Da la impresión de que se toman medidas desde la administración, pero los casos de agresiones no cesan. ¿No hemos dado aún con la clave?
En esta Comunidad hay una ley de violencia genérica desde 2011 que mete en el mismo cajón la violencia escolar, la doméstica y la de género. Somos la única Comunidad que no tiene una ley de violencia de género. Cuando se aprobó, el Gobierno del PP decía que estábamos siguiendo un camino diferente al resto de comunidades; y yo les decía que cuando uno elige un camino distinto a todos los demás, igual no es creativo, sino que se está equivocando. La violencia de género tiene una especificidad y un origen diferente al de otros tipos de violencias y requiere respuestas diferentes. Hay un pacto de Estado y esa ley de violencia debe recoger todas las medidas autonómicas contempladas en ese pacto. Hay que dar un paso clarísimo, porque las siguen matando todos los días.

¿Cuándo se podrá aprobar esa ley?
Está casi en el horno. Yo la trabajé como diputada la pasada legislatura, en este caso con el grupo de Podemos, y necesita poca revisión. También digo que la violencia de género es más resistente que los políticos y que la política, porque está muy enraizada y nos lleva siglos de ventaja. La norma por sí sola no puede acabar con ella. No hay más que dos antídotos ante la violencia de género, la educación y la igualdad. Todos los políticos, por una cuestión de derechos humanos, nos posicionamos en contra de la violencia de género, pero aparecen las diferencias ideológicas cuando nos posicionamos en torno a la igualdad.

¿Qué se pretende conseguir con el proyecto de vivienda de transición entre la casa de acogida y la vida independiente?
Hasta que una mujer llega al empoderamiento de dar el paso de denunciar, a pesar de que tiene hijos o no tiene una posición económica holgada, necesita recorrer un camino. Ahora mismo en la Casa de Acogida de La Rioja ingresan mujeres que no han dado el paso de denunciar, pero cuando salen y se quedan solas ante la vorágine, ante su propia vida, hasta que llega el proceso de recuperación siguen necesitando apoyo y eso serían los pisos de transición.

El Gobierno está elaborando ahora los presupuestos de 2020. ¿Sabe ya si su Consejería podrá aumentar su presupuesto?
Todavía no lo puedo decir, porque es pronto.

¿No existe el riesgo de que algunas de sus competencias se solapen con las de la Consejería de Derechos Humanos?
No tiene por qué. Entiendo que los derechos humanos son transversales a todo y a todos los ámbitos.

En materia de Interior, ¿con las 49 plazas de policía local que acaba de convocar su Consejería, quedan cubiertas las necesidades?
Están pendientes de su publicación en el BOE y del concurso de movilidad para que puedan presentarse solicitudes para las oposiciones. No son suficientes, pero es la mayor convocatoria que se ha hecho en la historia de esta Comunidad. Es previsible que el año que viene vuelva a haber una convocatoria importante.

¿El CEIS funciona correctamente o tiene pensado realizar algún cambio en ese consorcio?
Funciona muy bien. Posiblemente haya que aumentar recursos materiales que les permita hacer mejor su trabajo. Pero son muy buenos profesionales y responden muy rápidamente.

En el ámbito de la justicia, el esperado tercer juzgado de lo penal está concedido. ¿Qué queda por hacer?
Están ya previstos los recursos con los que hay que dotarle. A la Consejería le competen los recursos materiales y personales, no los jueces obviamente, y eso está previsto para ponerlo en marcha para el 31 de enero de 2020. Seguramente hay otras necesidades de ampliación de otros juzgados y tenemos que analizar con los magistrados cuáles son para plantearlas al Gobierno de España y al Consejo General del Poder Judicial.

Otro asunto que largamente esperado es el expediente judicial electrónico.
La voluntad es avanzar en ello, porque dará mucha agilidad a la justicia.